BUENOS AIRES.- La "malvinización" de la economía no dio los frutos esperados. Al contrario, pareciera que todos los procesos encarados por la Casa Rosada hubieran nacido muertos.
Todas y cada una de las decisiones encaradas por la administración kirchnerista fueron atravesadas por un foco de conflictos que arrojó un saldo netamente desfavorable. Ni el control de cambios, ni la reforma del Banco Central de la República Argentina (BCRA), ni el cierre de las importaciones condujo a los objetivos delineados por el kirchnerismo.
Al contrario, los resultados fueron derrotas para el oficialismo. El control de cambios exacerbó la salida de capitales. El cierre de las importaciones llevó a una parálisis de numerosas actividades económicas, a sanciones por parte de sus más importantes socios comerciales y a un aislamiento internacional aun más ostensible. La reforma del BCRA sentó las bases para una aceleración del proceso inflacionario y para una dolarización de los portafolios de los inversores. Todo ello bajo el paraguas chauvinista de la malvinización que colocó la relación con Londres y con la Unión Europea, al borde de la ruptura.
Ahora el análisis oficial se torna más fino, después de estas aventuras. En Olivos ya estaría tomada una decisión crucial: archivar el intento por una eventual nacionalización o estatización de YPF, surgida de las huestes camporistas. A la luz de los recientes hechos y de lo difícil de la avanzada, la presidenta, Cristina Fernández, habría pedido un pormenorizado análisis de los diferentes escenarios con los que se cruzaría la operación.
En el caso de la estatización, la Casa Rosada corre con dos riesgos. El primero consiste en tener que hacer un resarcimiento económico multimillonario o enfrentarse a un largo y complicado juicio en el CIADI, al tiempo que quedará expuesta a una batalla diplomática con consecuencias penosas para el resto de su mandato. El segundo, tener que hacerse cargo de la operación de la empresa y nuevas inversiones millonarias, que tampoco le evitarían al país tener que importar hidrocarburos. En ambos casos, los perjuicios se miden por miles de millones de dólares.
En el caso de la nacionalización, el intento es mucho más difícil puesto que hay que conseguir socios operativos y financieros que aporten fondos para comprar el paquete accionario y esperar que Repsol y el Grupo Petersen estén dispuestos a vender, dado que la opción de una oferta hostil queda descartada. El intento de seducir a la familia Bulgheroni quedó en un callejón sin salida por la falta de fondos suficientes y porque la llegada del holding Panamerican Energy trae consigo el desembarco de British Petroleum en la petrolera argentina, algo inviable dentro del "síndrome Malvinas" que afecta a la conducción kirchnerista.
Dos vías problemáticas
Cualquiera de los dos caminos implica innumerables problemas frente a la mera satisfacción de los caprichos juveniles. De allí que en Olivos se habría decidido desactivar la presión sobre YPF. Esta decisión deja aislados a los gobernadores que se precipitaron a quitar los yacimientos y los enfrenta con las petroleras que planean llevar sus reclamos a los tribunales en causas que amenazan con dilatarse indefinidamente. El único afán de los gobernadores pasa por volver a concesionar esos yacimientos y por obtener alguna prebenda por ello.
Mientras dure el reclamo, esas áreas no producirían, puesto que están bajo tutela judicial. ¿Qué harán las petroleras mientras se sustancian sus reclamos en los tribunales y que harán con el personal que trabaja en esos yacimientos? ¿Dónde irá el personal que se desempeñaba en las áreas revertidas? ¿Quién pagará los salarios caídos? ¿Cómo impactará en la economía provincial la falta de consumo de esos trabajadores? ¿Cómo responderán los gobernadores frente a este nuevo escenario donde no percibirán ingresos por regalías y deberán enfrentar las demandas sociales? Estas y muchas otras preguntas permanecen, por ahora, sin respuesta.